Desde
el 2015 hasta abril de este año se registró 408 casos de feminicidios y
tentativas en el Perú. Lima es el departamento con mayor índice de estos
asesinatos.
La
misma boca que juró “amarla por siempre” se transformó en la herramienta para
comenzar su violencia. Las mismas manos que alguna vez la acariciaron fueron el
arma principal para terminar con su vida. Desde los insultos hasta los golpes.
Así se da el inicio a la escala de violencia contra la mujer, terminando en el
feminicidio.
De
acuerdo al Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer, el feminicidio es
el asesinato de mujeres en condiciones de discriminación y violencia basada en
género. Es importante esclarecer que el feminicidio no debe ser considerado
como un “crimen pasional”. Este acto de violencia pretende incidir en lo
político para hacer conciencia en la sociedad e influir en las autoridades para
su reconocimiento, incluyendo la responsabilidad del Estado.
Se debe tener muy en claro de que los celos, el control, las patologías y el acoso no son las razones por las que se comete este tipo de asesinatos. Ni mucho menos deben servir como justificaciones para explicar cualquier tipo de violencia.
CIFRAS
ESCALOFRIANTES
Según el informe de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), publicado en el 2014, el Perú ocupa el segundo
lugar por feminicidios en Latinoamérica.
Durante
el 2015 se denunciaron 293 casos de feminicidios y tentativas, según los
registros del MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables). En lo
que va del año –abril- se visibilizaron 115 denuncias. De los 115 casos
registrados en este año, el 71% de feminicidios y tentativas se produjo en la
zona urbana del país. Las regiones con mayor índice son Arequipa, Cusco,
Huánuco, La Libertad y Lima.
¿POR
QUÉ EL FEMINICIDIO DEBE INCIDIR EN EL MARCO POLÍTICO?
Muchas
personas creen que la política y la democracia se ejerce cada 5 años, cuando se
elige al nuevo/a mandatario/a. Esta concepción está errada. Debido a que la
política se practica desde el diseño de las normas de convivencia en un lugar
determinado, como en una casa, hasta la promulgación de una nueva ley.
Lo
personal es político. Cualquier tipo de injusticia y violencia debe ser
sancionada. En este caso, cada asesinato debe visibilizarse y ser llevado a la
agenda pública para que el gobierno tome cartas en el asunto para erradicar o
menguar esta problemática.
De
acuerdo al Código Penal, el asesino que haya tenido un lazo de parentesco o
sentimental, puede tener una pena privativa de libertad no menor de 15 años. Y
si es la pareja de la víctima, la prisión será no menor de los 25 años. ¿Acaso la
vida de estas mujeres se recuperará en este lapso de tiempo? ¿La prisión
dictaminada podrá menguar el sufrimiento de la familia de la víctima? En
nuestro país, el acusado solo puede ser condenado a cadena perpetua, siempre y
cuando se corrobore que la víctima fue violentada sistemáticamente hasta llegar
al feminicidio.
Las
cifras y el marco legal presentados son alarmantes. Hace mucha falta de
iniciativa política para que el Estado respalde a la ciudadanía. Es inverosímil
que los candidatos que pasaron a la segunda vuelta no hayan enfatizado en
temáticas políticas de género, como es el feminicidio y la erradicación de
violencia hacia la mujer. Tal parece que solo lo manifiestan cuando se
visibiliza una muerte más. Una muerte que se va acumulando e ignorando con el
pasar de los años.
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